Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución instando a la Comisión Europea a legislar sobre un nuevo «derecho a reparar» para finales de 2022.

Este nuevo derecho está ciertamente muy ligado a la prohibición de la «obsolescencia programada«, así como a la necesidad de hacer frente a la misma, apostando por la economía circular, que favorece la reutilización y el medio ambiente. Son estos nuevos principios los que han justificado la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, operada por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, por la que se amplía a tres años de la garantía legal de cualquier producto que compremos.