El Parlamento Europeo ha aprobado este mes de abril la Directiva de Diligencia Debida (también conocida como CSDDD o CS3D), una norma que impone multas a las grandes empresas que violen los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de suministro. Esto incluye cuestiones como esclavitud, trabajo infantil, pérdida de biodiversidad y contaminación.

La directiva, que afecta a menos empresas de lo previsto inicialmente, obliga a las compañías a implementar prácticas sostenibles y procesos de diligencia debida en su cadena de valor. Aunque la versión aprobada reduce el alcance original, todavía afectará significativamente a los derechos humanos en los proveedores de países en desarrollo.

La norma excluye a empresas con actividades de alto riesgo que estén por debajo de ciertos límites de tamaño. Ha experimentado cambios significativos debido a la oposición de países como Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, ha sido aprobada en el Parlamento con 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones.

Las grandes empresas afectadas transmitirán los requisitos a sus socios y proveedores, lo que impactará indirectamente a más organizaciones a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Aunque el alcance se ha reducido, la directiva introduce responsabilidades legales para las empresas respecto a sus impactos en los derechos humanos y el medio ambiente, convirtiendo lo voluntario en obligatorio.

Expertos destacan que esta aprobación representa un avance significativo, pasando de recomendaciones a obligaciones. A medida que se adquiera experiencia, la UE y los países pueden mejorar las disposiciones.

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