Los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, conocidos por su acrónimo en inglés ESG, han pasado a ser tenidos en cuenta en el diseño de la agenda de prácticamente todas las organizaciones públicas y privadas para crear un sector financiero sostenible.

Los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, conocidos por su acrónimo en inglés ESG, han pasado a ser tenidos en cuenta en el diseño de la agenda de prácticamente todas las organizaciones públicas y privadas. No en vano uno de los pilares del fondo de recuperación Next Generation EU es transitar hacia una sociedad y una economía más sostenibles.

El sector financiero sostenible, canalizador de recursos en esta transición, tiene ya una considerable experiencia en la integración de los factores ESG en su gestión y actividad y curiosamente fue la «G», la gobernanza, la que comenzó reforzándose. Recordemos el conocido como Código Olivencia de 1998 inspirado en la tradición anglosajona, que recogía un conjunto de recomendaciones sobre buenas prácticas dirigidas a los Consejos de Administración de las sociedades cotizadas bajo el principio de «cumplir o explicar» y que ha evolucionado hasta el actual Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado por la CNMV, cuya última revisión tuvo lugar en 2020. Un avance fue también la Directiva sobre divulgación de información no financiera que impuso a las entidades de interés público de cierto tamaño – entre ellas bancos, entidades aseguradoras y sociedades cotizadas- la obligación de informar a partir del año 2017 sobre factores ESG a través del estado de información no financiera, Directiva que por cierto está en fase de modificación para, entre otras cuestiones, ampliar su ámbito de aplicación y cambiar la expresión «información no financiera» por «información corporativa en materia de sostenibilidad».

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