En la larga marcha de la Responsabilidad Social de las Empresas, el “Reporte” siempre ha sido fundamental. Al principio, en los comienzos de este siglo, se llamaba la “triple memoria”, aludiendo así a la necesidad de que las memorias de las empresas no contuvieran solo los resultados financieros, sino que incluyeran también los datos sociales y laborales de la compañía. Recuerdo muy bien la firme oposición de la CEOE a esta exigencia cuando su representante nos preguntaba en la subcomisión parlamentaria creada al efecto, por qué debían informar las empresas de sus datos sociolaborales si cumplían con las leyes y por qué debían hacerlo si sus prácticas que superaban los mínimos legales, eran totalmente voluntarias.

Esto era en 2003-2004 y desde entonces -quien lo iba a decir- esta materia ha evolucionado mucho. En 2014 la UE estableció la obligatoriedad de la Información no financiera para las empresas grandes, que fue convertida en ley en España a finales de 2018 mediante la transposición correspondiente de la Directiva. Ahora, en abril de este año, la Comisión Europea ha lanzado el procedimiento legislativo de una nueva directiva que amplía considerablemente el universo de las empresas afectadas por esta exigencia y detalla extraordinariamente el contenido de la información que sus “Reportes” deben contener (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) pero que no incluye la fiscalidad ESG de las empresas.

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