Los criterios ESG —siglas en inglés de medio ambiente, social y gobernanza— ganan terreno como guía para que los inversores decidan el destino de su capital. Tras esta tendencia, se esconde la creencia (o la certeza) de que las compañías que miran más allá del beneficio directo y crean valor para el conjunto de la sociedad son, a la larga, también más rentables y ofrecen unos rendimientos más sólidos. Sin embargo, el aterrizaje práctico de qué políticas o prácticas permiten afirmar el cumplimiento de dichos criterios aún es una tarea por hacer. Algunas materias sí están normativizadas a nivel nacional, pero otras solo cuentan con nociones o recomendaciones generales, no pautas concretas y compartidas.

En todo caso, en Europa, la regulación comunitaria empuja en esa dirección. En marzo de 2020, la Comisión Europea incluyó en su Plan de Acción para financiar el crecimiento sostenible tres objetivos: que el capital privado se dirigiera hacia inversores sostenibles; la integración de la sostenibilidad en la gestión de riesgos, y la promoción de la transparencia en materia ESG. En esta línea, el pasado mes de junio se publicó el Reglamento 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.

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