En su último informe de junio de 2022, «Perspectivas Económicas Mundiales», el World Bank Group señaló que casi la mitad de la población de los países de bajos ingresos enfrenta un grave desabastecimiento de alimentos, con un impacto geopolítico y humanitario todavía por definir a nivel global.
El incremento de los precios está provocando nuevas oleadas de proteccionismo. Países como Indonesia, India y Malasia han restringido sus exportaciones de aceite de cocina, trigo y pollo a fin de proteger sus mercados internos. Según datos del Think Tank con sede en Washington DC, Center for Strategic and International Studies (CSIS), alrededor de 20 países tienen algún tipo de control de sus exportaciones para reducir el efecto de los elevados precios del sector alimentario.
Paradójicamente, en los países más desarrollados estamos aún discutiendo cómo gestionar el desperdicio de alimentos que se ha convertido en un problema global. Desde la #agenda2030 se contempla este dilema y queda reflejado en el #ods12 , el cual establece la aspiración de «reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha».
En lo que respecta al impacto sobre el cambio climático, también tiene una repercusión directa y con indicadores a tener muy en cuenta.
Según FAO, (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la huella de carbono del desperdicio de alimentos se estima en 3.300 millones de toneladas equivalentes de CO2 liberadas a la atmósfera al año. Si el “desperdicio de alimentos” fuera un país, sería el tercer mayor emisor de CO2 del mundo después de China y EE. UU.
Datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) nos dicen que el sistema alimentario mundial representa hasta el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre un 8% y 10% de las emisiones mundiales de estos gases están relacionadas con los alimentos que no se consumen. Se debe diferenciar entre alimentos perdidos (14%), los que se descartan en el trayecto de la cosecha y a las puertas al comercio minorista, y los desperdiciados, que son los que se desechan en el supermercado (13%), en los restaurantes (26%) o en los hogares (61%).
La concienciación sobre buenas practicas en los hogares, unida a la necesidad de avanzar con #planesdetransición realistas y eficientes por parte toda la cadena de valor que conforman las empresas del sector alimentario, las comercializadoras de alimentos y las de hostelería, deben ser sin duda una prioridad del marco regulatorio y normativo que se espera entre en vigor en España en 2023.