Básicamente, porque creen que pueden suponer un riesgo para la seguridad nacional, aunque también para hacerse con una herramienta que será clave en el futuro de cara a mantener su férreo control sobre la población.

Desde el próximo 1 de octubre, fabricantes de coches, proveedores de componentes y software, compañías de reparación y mantenimiento y empresas de movilidad -como las de vehículos compartidos- estarán obligados a almacenar en el país toda la información «relevante» que obtengan a través del Big Data del automóvil, de los vehículos y sus usuarios, que deben darles el permiso expreso para su uso.

En caso de que quieran exportar algunos de esos datos al extranjero, deberán pedir permiso al Gobierno. Además, tendrán que presentar informes anuales sobre la gestión de los mismos y estarán sujetas a investigaciones aleatorias.

La iniciativa del Big Data del automóvil ha sido lanzada de forma conjunta por cinco organismos, con la Agencia del Ciberespacio China (CAC) y el Ministerio de Transportes a la cabeza.Se trata de reducir la «recopilación desordenada y el abuso ilegal de datos» señalaba el comunicado conjunto. Y esa información es de lo más variopinta.